¿Paramilitarismo o contrainsurgencia?

Diego Mauricio Barrera QuirogaEl profesor Diego Mauricio Barrera Quiroga[1] nos presenta un análisis técnico-jurídico acerca de la respuesta dada por algunos sectores al fenómeno insurgente, el cual fue visto como una amenaza a los primeros. La reacción se convirtió posteriormente en otro fenómeno que cobraría más víctimas que las ocasionadas por las guerrillas izquierdistas. Aquí, el informe completo.

 

Diego Mauricio Barrera Quiroga

Docente, abogado y columnista invitado

El 5 de agosto de 2014 el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Farc-Ep, acordaron la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).

Desde 1958 hasta la organización de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (CHCV), por parte de la Mesa de Conversaciones de La Habana, se realizaron en Colombia un importante número comisiones de estudio e investigación sobre la violencia (doce de carácter nacional y tres locales), y algunas comisiones extrajudiciales para casos específicos, creadas, ya sea por disposiciones gubernamentales, aunque ninguna de ellas tuvo el carácter de Comisión de la Verdad.[2]

Este informe (integrado por doce expertos y dos relatorías[3]), se acordó en la Mesa de Diálogos, como un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”, como “un insumo básico para una futura comisión de la verdad”, que contribuyó en la discusión del punto 5 de la agenda de negociación sobre víctimas.[4]

Es así como el 10 de febrero de 2015, la Comisión entregó a las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP su informe final, titulado: “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”; poniéndole fin a la negación histórica del conflicto político, social y armado que durante los gobiernos de Uribe Vélez, denominó “amenaza terrorista”, concepto que no está fundamentado en ningún estudio riguroso, sino que se atiene a la lógica de la inoculación del miedo a la población para justificar los crímenes de lesa humanidad que vendrían después, vulnerando los derechos fundamentales establecidas en las convenciones jurídicas nacionales e internacionales.

Aunque no voy a ahondar sobre el informe en su conjunto, deseo poner sobre la mesa, o mejor, sobre estas líneas un debate que algunos académicos han generado desde los periplos etimológico del conflicto armado, tratando de desmentir “verdades construidas desde el poder”, utilizando los medios oficiales y los de los propietarios interesados, en que este tipo de prácticas se llevaran a cabo para favorecer sus intereses.

Los ‘paras’ no combatieron a la guerrilla directamente

Esas verdades oficiales argumentan que “el paramilitarismo es producto natural y espontáneo del accionar de las guerrillas”; pero en realidad el paramilitarismo no fue concebido para enfrentar militarmente la guerrilla, sino a todos los sectores circunstantes que no compartían la versión oficial de la realidad, y ejercieron el derecho a la crítica.

PARAMILITARISMOEso lo demuestran claramente los resultados de su accionar, el cual indica que los sectores impactados fueron los de los defensores de derechos humanos, políticos críticos, periodistas analistas, líderes cívicos, líderes religiosos progresistas, campesinos inermes que vivían en su entorno, en relación metonímica, o sea en contigüidad con la guerrilla y que por ese hecho se consideraban permeados por las ideas de la insurgencia; por lo tanto, creo necesario plantear catorce puntos que nos permitan contra-argumentar la lectura oficial que se impuso como verdad:

1. Lo que llaman paramilitarismo, otros autores lo han denominado "procesos de contrainsurgencia", o sea, prácticas agresivas, llevadas a cabo en los entornos de un movimiento político para sembrar el terror y legitimar un el statu quo.

2. Podríamos decir que: estas manifestaciones de contrainsurgencia se corresponden con las formas nacionales, impuestas desde el exterior a través de prácticas gubernamental. (Ver informe de la CHCV del profesor Renán Vega Cantor)

3. Las acciones contrainsurgentes se desarrollaron en el inicio del siglo XX, recurriendo a prácticas castrenses, que se convirtieron en instrumentos de agentes privados, que desde una concepción partidista, desarrollaron una legitimación y legalización para delinquir con la cobertura del Estado; bien podríamos ver los decretos que se expidieron bajo el gobierno de Valencia y Lleras, los cuales se extienden hasta el años de 1989; y posteriormente evolucionaron en las Convivir (1994 – 1999); como forma expresa del “accionar contrainsurgente”, terminando en el paramilitarismo.

4. Estas acciones se articularon de manera directa con las élites legales e ilegales en cada región (para dar un ejemplo en el Caquetá podríamos ver lo que sucedió en la construcción de Estado – Nación, en donde intervinieron el turbayismo y el almarismo), pero sobre todo la connivencia del Estado, a través de sus autoridades.

5. El informe ¡Basta Ya!, presentó en su contenido su promoción a través de los partidos políticos (1946 – 1958), especialmente, con dirigente como Laureano Gómez, discursos anticomunistas, cargados de la lógicas del “enemigo interno”, además, adheridos a la idea franquista que dieron surgimiento a grupos como “chulavitas” o “pájaros”. (Ver informe ¡Basta Ya!, pág. 12 y ss.)

6. Estrategias estatales de contención del comunismo, como las llevadas a cabo por el gobierno de Rojas Pinilla, y prolongada bajo la constitución del Frente Nacional, agudizó la represión a la sociedad de corte reformistas. (Ver informe ¡Basta Ya!, pág. 115.)

7. No hay que dejar a un lado, como lo menciona el profesor Renán Vega Cantor, que todo se lleva debido a la injerencia norteameticana; para citar un caso, debemos recordar la solicitud intervencionista que realiza Lleras Camargo, la cual se materializa en un informe que presenta la CIA en 1959 – 1960, en donde “advierte” el exponencial peligro comunista en estas regiones donde se agudizaban las contradicciones; dando como orientación la movilización de fuerzas de corte contrainsurgente, además de reformas económicas, políticas y sociales.

8. Hay que recordar que de dichas orientaciones se desprenden procesos como el Plan Lazo de 1964, de corte anticomunistas, y contrainsurgente, que llevó a la toma de Marquetalia, Riochiquito y El Pato, además del estado de sitio. (Ver informe de la CHCV de la profesora María Emma Wills)

9. No se debe olvidar que la historia nos ha presentado hechos, que así como en los años 50 y 60 dieron justificaciones para el fratricidio, también nos evoca hechos que se consideran contrainsurgente, tal como lo remonta la Ley 69 de 1928, conocida como la “ley heroica”, dando herramientas para el triunfo militar sobre lo que denominaban “elementos subversivos”; la misma que, a los pocos días de ser expedida se cubre con la sangre que se derrama en la masacra de las bananeras. (Ver informe de la CHCV de la profesora María Emma Wills)

10. El patrocinio, a través de la Ley 48 de 1968, dio vía libre a la privatización de la lucha contrainsurgente, y a la “clandestinidad de los sectores radicales de las fuerzas armadas”. (Ver informe ¡Basta Ya!, pág. 136.)

11. El Decreto 356 de 1994, autorizó las llamadas: Convivir, lo cual originó el resurgimiento legalizado de actores armados, y la vinculación del narcotráfico, dando bases sólidas al paramilitarismo; sin olvidar los nexos de este actor armado, con los empresarios, ganaderos, terratenientes, militares y políticos. (Ver informe ¡Basta Ya!, págs. 156 – 193.)

12. Por lo que podemos afirmar que la política contrainsurgente, conocida después como paramilitarismo, tienen unas motivaciones históricas, algunos la ubican desde la confrontación que desató Laureano Gómez, quien invocaba los “fundamentos sagrados del orden social”, hasta llegar a Uribe, con su política de “seguridad democrática”; concluyendo, que su accionar es responsabilidad del Estado en la acción contrainsurgente, y no una creación de las FARC-EP como respuesta a su accionar.

13. Hay que decir que el Estado como referente de dominación del monopolio de la fuerza ha incurrido en conductas delictivas, creando grupos paralelos de corte contrainsurgente; en el cual se asumen conductas extremistas, pasando de la guerra contra el comunismo, a la guerra contra el terrorismo, para legitimar su fuerza y accionar.

14. Por último, el fenómeno del paramilitarismo no aparece como respuesta a la acción insurgente, sino como proceso contrainsurgente de eliminación de la insurgencia que tenían la capacidad de afectar el sistema existente; proceso que tiene una injerencia mayor a través de los Estados Unidos de América, o si no, podríamos citar, para recordar un poco la historia, el Tratado Mallarino - Bidlack que permitió la utilización del istmo de Panamá para controlar movimientos sociales, que se materializaron entre 1850 y 1902; acción contrainsurgente externa.

Así que afirmar banalmente, que el paramilitarismo es producto de las acciones guerrilleras, además de ser un yerro, es una falacia que solo se puede superar con la lectura. Ahí tenemos los informes para aprender de ellos.


[1] Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y abogado de la Universidad Surcolombiana de Neiva (Huila). En estos momentos, es candidato a Magister en Educación de la Universidad de la Surcolombiana. Labora como docente de la Universidad de la Amazonia de Florencia (Caquetá).

[2] Ver Jefferson Jaramillo, “Pasados y Presentes de la Violencia en Colombia. Estudio sobre las Comisiones de investigación (1958‐2011), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014 pp. 27‐28.

[3] Los expertos en orden alfabético de apellidos son: De Zubiría, Sergio; Duncan, Gustavo; Estrada, Jairo; Fajardo, Darío; Giraldo, Javier; Giraldo, Jorge; Gutiérrez, Francisco; Molano, Alfredo; Pecaut, Daniel; Torrijos, Vicente; Vega, Renán y Wills, María Emma. Los relatores en orden alfabético de apellidos son: Moncayo Cruz, Víctor Manuel; Pizarro Leongómez, Eduardo.

[4] Las partes expidieron el 7 de junio de 2014 una declaración de principios que incluye el Principio 5: “El esclarecimiento de la verdad: esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. La  reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad”.

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