Opinión | El ‘imposible jurídico’ de nombrar rector en propiedad en la Usco

nombramiento rector usco neiva alfredo ortizEl Consejo Superior Universitario, en la sesión del próximo jueves 23 de abril, eventualmente nombrará el rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana. Sobre ello, existen argumentos que permiten considerar el imposible jurídico de esta virtual decisión. Aquí explicamos.

Por Alfredo Ortiz Vargas[1]

Frente a la eventual nombramiento de rector en propiedad en la Universidad Surcolombiana por parte del Consejo Superior Universitario en la sesión del próximo jueves 23 de abril de 2020, puesto que tengo que manifestar de manera contundente que existen serios argumentos que me permiten considerar el imposible jurídico de esta virtual decisión y que ello se constituye en la vulneración flagrantemente los derechos fundamentales de los candidatos de elegir y ser elegidos, el derecho a la participación y elección de las autoridades que nos gobierna de la comunidad universitaria y a la autonomía universitaria, para lo cual presentaré mis respectivos argumentos soportados en el orden jurídico internacional e interno, sobre todo en lo relacionado con la regulación legal, jurisprudencial (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Constitucional y Consejo de Estado) y por supuesto con la normatividad interna de la Universidad sobre este caso. De antemano, se puede señalar que en las mismas se dilucidan claramente la necesidad de que las autoridades administrativas cumplan con el deber de respeto y garantía de los derechos fundamentales incluso en casos de estado de excepción.

En lo que respecta al imposible jurídico tengo que decir: 1. Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana NO SE PUEDE APLICAR el Acuerdo 015 de 2004 que modificó el Estatuto General y el Estatuto Electoral, Artículo 30 B[2], toda vez, que el mismo fue expedido de conformidad con sus considerandos, para casos en los que se realizara la interrupción del proceso electoral por hechos notorios externos a la voluntad de la administración[3] (Paros con hechos violentos, asonadas, o como se sabe cuándo un encargado como Eduardo Beltrán quería prorrogar indefinidamente su encargo, entre otros) y no como es el caso, por la precisa interrupción del proceso generado por una declaratoria de emergencia mundial, nacional y declarada institucionalmente por el propio Rector de la Universidad Surcolombiana (Resolución 123 de 2020, “Por la cual se declara la urgencia manifiesta en la Universidad Surcolombiana”)[4] así como por la máxima autoridad administrativa de la Universidad el Consejo Superior Universitario que ordenó suspender el proceso de elección (Acuerdo 012 de 2020, mediante el cual se suspende el cronograma de para adelantar el proceso de elección y designación de rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana)[5]Mal podría entonces alejar el Consejo Superior que se ha interrumpido el proceso de elección de rector por causas externas y ajenas a la voluntad de la administración, propósito de la norma en mención, cuando es del todo conocido que estamos en un estado de emergencia declarado por normas de carácter nacional, local e institucional.

 

2. La designación del rector en propiedad desconoce las obligaciones internacionales de Colombia en materia del deber de respecto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Convención Interamericana de Derecho Humanos a saber:

La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha reconocido que “El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad[6]: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país. 145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no solo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[7].

De otra porte esta Corporación Internacional señaló que “197. El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. 198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán. 199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. 200. El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación[8].

En este organismo internacional se reconoce que: “140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos. 141. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”[9].

En conclusión, mal podría el Consejo Superior con miembros que tienen formación jurídica y que han pasado por las aulas de esta alma mater, e incluso integran la dirección de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desconocer el Bloque de Constitucionalidad, y los tratados internacionales que sobre derechos humanos son vigentes y reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

 

3. El nombramiento del rector desconociendo la consulta estamentaria estaría violando las disposiciones establecidas en la declaratoria de emergencia así como los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos, como la participación de toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones, regulada por la Constitución Política, La ley 137 de 1994. “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia” [10] y el Decreto 417 de 2020[11].

 

En lo que respecta al derecho a la participación política y el derecho a elegir y ser elegido existe diversos pronunciamiento jurisprudenciales sobre el alcance de este derecho la Corte Constitucional ha puntualizado el alcance de los derechos de tipo político. En la decisión T-117 de 2016 señaló:

“Colombia como Estado Social de derecho, organizado como república democrática, participativa y pluralista, consagró los derechos políticos como derechos fundamentales que permiten a toda la ciudadanía participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Tales principios se materializan mediante los diferentes mecanismos previstos en la ley y en la Constitución.”.

Por su parte el artículo 40 de la Carta Política consagra:

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

En el marco de la autonomía universitaria reconocida en el artículo 69 C.P y regulada en la Ley 30 de 1994, la Universidad Surcolombiana mediante el Estatuto General, (Acuerdo número 075 del 7 de diciembre de 1994, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana) reconoció en la Comunidad universitaria (docentes, estudiantes, egresados), el derecho a participar en el gobierno universitario, mediante la participación democrática para la designación de rector mediante el proceso de una “Consulta estamentaria”, derecho que sería flagrantemente vulnerado por parte del Consejo Superior Universitario, actuación que sería ilegal y abiertamente arbitraria exponiendo a la universidad  a un nuevo proceso de judicialización y ahondando en la crisis institucional que padece. Esto es así pues, la Ley Estatutaria 137 de 1994, establece en su articulado que en los estados de excepción como el actual, se predica la prevalencia de los tratados internacionales a saber:

ARTÍCULO 3o. PREVALENCIA DE TRATADOS INTERNACIONALES. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por el Congreso de Colombia prevalecen en el orden interno[12].

Desde esta perspectiva, es fundamental que las autoridades públicas respeten los derechos intangibles consagrados en el art 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, citada por el artículo 4 de la norma en comento que señala:

ARTÍCULO 4o. DERECHOS INTANGIBLES. <Aparte tachado derogado por el Acto Legislativo 1 de 1997> De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; (Subrayados propios) el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia, los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados[13]. […].

Esta misma situación genera incluso una prohibición taxativa de no suspender los derechos tal como se señala en el:

 

ARTÍCULO 5o. PROHIBICIÓN DE SUSPENDER DERECHOS. Las limitaciones a los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, de la intimidad, de la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún Estado de Excepción.

Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De todas formas se garantizarán los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

Igualmente la norma establece que en estados de excepción debe prevalecer el Estado de Derecho, y el respeto a las garantías fundamentales, así como la prohibición expresa de no Suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales tal como se señala en los artículos 7, 13 y 15:

ARTÍCULO 7o. VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO. En ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su declaración.

Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos de Estados de Excepción, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades.

ARTÍCULO 13. PROPORCIONALIDAD. Las medidas expedidas durante los Estados de Excepción deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar.

La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad.

ARTÍCULO 15. PROHIBICIONES. Además de las prohibiciones señaladas en esta ley, en los Estados de Excepción de acuerdo con la Constitución, no se podrá:

  1. Suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales;

Tal consideración fue incluso reconocida por la honorable Corte Constitucional que señaló:

“Conviene precisar el alcance y significado del artículo 93 constitucional en el sentido de señalar que éste no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales prohíben su limitación en los estados de excepción', es decir, que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción". El artículo 93 de la ley fundamental debe ser necesariamente interpretado en relación con el artículo 214-2 ibídem, que prohíbe la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales durante los estados de excepción. La condición para que esos tratados o convenios internacionales rijan a plenitud, es que no contraríen la Constitución, de manera que sólo deberán acatarse aquéllos que no vulneren sus preceptos[14].

 

Frente al hecho en particular esta Corte, ha señalado que en ningún caso una autoridad administrativa podrá generar la violación del derecho que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegido:

“En lo que respecta al parágrafo primero, en el cual se garantiza la libre y pacífica actividad política, conviene aclarar que bien puede el Gobierno durante los estados de excepción, suspender algunos eventos electorales en razón de la grave situación de alteración del orden público, que impide su realización; sin que ello signifique la violación del derecho que tiene todo ciudadano de elegir y ser elegido. Por el contrario, considera la Corte que es precisamente en defensa de ese derecho que se permite la suspensión de los debates de carácter electoral, en épocas de turbación del orden público, como sería el caso, de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, social o ecológica, pues de llevarse a cabo una elección en tales circunstancias, podrían presentarse situaciones distorsionantes del libre ejercicio del sufragio”.

Esta Corte, precisamente estableció que el intérprete de la norma debe aplicar el principio pro favor libertatis, cobijando por supuesto, el derecho a elegir y a ser elegido.

“Con la noción de núcleo esencial de un derecho fundamental sabemos que a él pertenecen aquellos elementos sin los cuales el derecho deja de ser lo que es, pero no es lógicamente posible dar una noción anticipada que satisfaga a plenitud las exigencias de una definición. Irremediablemente es tarea del intérprete, en cada caso específico, determinar si una disposición normativa de rango inferior, vulnera o no el núcleo esencial. Concretamente, incumbe al juez constitucional verificar, durante la vigencia de los estados de excepción, si un decreto legislativo del gobierno vulnera o no un derecho fundamental, a fin de emitir un juicio de constitucionalidad sobre dicho decreto. En esa tarea deben guiar al intérprete, como criterios insustituibles, el telos del Estado social de derecho y la razón justificativa del estado de excepción, que apuntan ambos hacia el disfrute pleno de las libertades por parte de los destinatarios, así, para lograr ese propósito, haya sido necesario el sacrificio temporal de algunos aspectos que hacen parte del derecho pero no constituyen su núcleo esencial. En los casos dudosos, y justamente, por las razones expuestas, el intérprete, entonces, deberá guiarse por el principio "pro favor libertatis", pues ha de tener presente que la restricción es lo excepcional, y lo excepcional (la pena es un claro ejemplo) debe justificarse sin dejar margen a la duda”.

Coherente con estas disposiciones el Presidente de la República Iván Duque, profirió el Decreto 417 de 2020. “Por el Cual se Declara el Estado de Emergencia económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. Y el Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” que a su turno señaló en su artículo 1 que:

“Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

 

Artículo 2. Objeto. El presente Decreto, en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, (Subrayados propios) la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

En este sentido deberá entenderse que aplica plenamente para la Universidad Surcolombiana, la cual será considerada una autoridad que deberá “proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales”.

Por su parte el artículo 6, señala:

 

“Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia[15].

 

Conclusiones del análisis

 

1. El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana NO SE PUEDE APLICAR el Acuerdo 015 de 2004 que modificó el Estatuto General y el Estatuto Electoral, Artículo 30 B pues este que el mismo fue expedido de conformidad con sus considerandos, para casos en los que se realizara la interrupción del proceso electoral por hechos notorios externos a la voluntad de la administración[16] (Paros con hechos violentos, asonadas, o como se sabe cuándo un encargado como Eduardo Beltrán quería prorrogar indefinidamente su encargo, entre otros) y no como es el caso, por la precisa interrupción del proceso generado por una declaratoria de emergencia mundial, nacional y declarada institucionalmente por el propio Rector de la Universidad Surcolombiana y el propio Consejo Superior.

 

2. La designación del rector en propiedad desconoce las obligaciones internacionales de Colombia en materia del deber de respecto y garantía de los Derechos Humanos reconocidos por la Convención Interamericana de Derecho Humanos.

 

3. El nombramiento del rector desconociendo la consulta estamentaria estaría violando las disposiciones establecidas en la declaratoria de emergencia así como los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos, como la participación de toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones, regulada por la Constitución Política, La ley 137 de 1994. “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia” [17] y el Decreto 417 de 2020.

 

Teniendo en cuenta la anterior argumentación, es fundamental que el Consejo Superior Universitario debe aplicar una EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD y en consecuencia inaplicar el artículo 30B del Estatuto General de la Universidad Acuerdo 075 de 1994 y aplicar directamente el artículo 40 de la Constitución Política, con el fin de amparar los derechos fundamentales a intervenir en consulta estamentaria y en consecuencia en la designación de rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana. Igualmente, con el fin de no perturbar el normal funcionamiento de la Universidad, se debe hacer un encargo transitorio de la rectoría que de plenas garantías de un proceso transparente.

 

Es igualmente, posible que se proceda a esperar la normalización de la situación actual de emergencia con el fin de reprogramar la consulta estamentaria, estableciendo la posibilidad de realizar una consulta virtual para asegurar que la interinidad se termine, con el acompañamiento de órganos neutrales como la ONU y la MAP OEA.


[1] Abogado Universidad Surcolombiana, Magister en Derecho Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Derecho Universidad Nacional (Pendiente del grado en mayo de 2020) Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Surcolombiana, Director Grupo de Investigación Derecho Internacional y Paz.

[2]UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Acuerdo 015 de 2004. Por el cual se modifica parcialmente los acuerdo 075 de 1994, y 024 de 1999, Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana. Disponible en web: https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/publicaciones_documentos/consejo_superior/consejo_superior_2004/Acuerdo_015_de_2004.pdf.

[3] La Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver un recurso de apelación, indicó que un hecho notorio, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, son los hechos públicos que son conocidos tanto por los extremos procesales como por un grupo de personas de cierta cultura o que pertenecen a un determinado grupo social o gremial. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera, Sentencia 25000232400020050143801, Abr. 14/16.

[4] RESOLUCION 123 DE 2020 (31 de Marzo) “Por la cual la Universidad Surcolombiana Declara la Urgencia Manifiesta”.https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_123_de_2020.pdf

[5] Acuerdo 012 de 2020, mediante el cual se suspende el cronograma de para adelantar el proceso de elección y designación de rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/consejo_superior/acuerdo/acuerdo_012_de_2020.pdf.

[6] Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. 144.

[7] Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 111.

[8] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

[9] CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 20: DERECHOS POLÍTICOS. http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo20.pdf

[10] LEY 137 DE 1994. (junio 2). Diario Oficial No. 41.379., de 3 de junio de 1994. Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0137_1994.html.

[11]DECRETO 417 DE 2020. Por el Cual se Declara el Estado de Emergencia económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Disponible en web: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf.

[12] LEY 137 DE 1994. (junio 2). Diario Oficial No. 41.379., de 3 de junio de 1994. Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0137_1994.html.

[13] LEY 137 DE 1994. (junio 2). Diario Oficial No. 41.379., de 3 de junio de 1994. Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0137_1994.html.

[14]CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-179/94. REF.: Expediente No. P.E. 002. Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria No. 91/92 Senado y 166/92 Cámara "Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia" Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Acta No. Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

[15] Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf.

[16] La Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver un recurso de apelación, indicó que un hecho notorio, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, son los hechos públicos que son conocidos tanto por los extremos procesales como por un grupo de personas de cierta cultura o que pertenecen a un determinado grupo social o gremial. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera, Sentencia 25000232400020050143801, Abr. 14/16.

[17] LEY 137 DE 1994. (junio 2). Diario Oficial No. 41.379., de 3 de junio de 1994. Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0137_1994.html.

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